Las Brechas Digitales, las Políticas Públicas.

Las brechas digitales (de uso, acceso y apropiación) profundizan la exclusión social y dan lugar a un nuevo “apartheid”. Esas brechas no sólo se dan por cuestiones demográficas o sociales cuando el acceso a la infraestructura comunicacional es muy elevado o se carece de él, como es el caso de las periferias urbanas, las zonas rurales y la desconexión a los Servicios Públicos Domiciliarios. También tienen que ver con el proceso de aprendizaje y desarrollo personal para reutilizar, reinterpretar y devolver el conocimiento. Esto es:

1. Adquirir un nuevo ethos, el de la cultura común, donde se reconoce el trabajo hecho por otros.
2. Reconstruir el discurso subjetivo a partir del conocimiento distribuido, para darle nuevas interpretaciones y usos.
3. Publicar ó “postear” la producción personal o colectiva, para compartirla y ponerla a discutir en un diálogo de subjetividades, bajo la lógica de “compartir es bueno”. Lo anterio no se reduce sólo al uso de la Internet, puesto que los cambios sustanciales se darán cuando de los usos se generen nuevas narrativas y se den procesos creativos y comunicativos que impacten socialmente.

De esta manera “lo comunicativo” deberá adquir protagonismo por encima de lo netamente tecnológico, para trabajar en pro de aminorar tanto las brechas de uso, como de apropiación. La brecha de acceso requerirá un trabajo más exhaustivo que implique políticas públicas sociales, usos flexibles de la propiedad intelectual como bien pueden serlo las propuestas de Creative Commons y Copyleft, así como modelos de innovación abiertos donde los usuarios participen en las mejoras de la tecnología y sus servicios. Por otro lado, el compromiso político debe superar la sola aprobación de presupuestos para dotar con equipos informáticos, banda ancha y cursos de formación. Una nueva visión transformadora, es indispensable para formular una política pública que indique cómo se ha de seguir para alcanzar el cambio e inclinar a la ciudadanía para que se involucre conjuntamente en el proceso del uso reflexivo, productivo y creativo de las Nuevas Tecnologías.

Participación vs. Exclusión

Colombia, mi país, cuyo sistema político ha mantenido una continuidad institucional, una fuerte tradición jurídica y civilista de carácter liberal / republicano y una historia electoral sin rupturas; es al mismo tiempo un país que padece un conflicto político, social y armado del que se derivan problemáticas como la pobreza, el desempleo, la informalidad, la violencia intrafamiliar, social, la inseguridad ciudadana y rural, y las amenazas perpetuadas por grupos paramilitares, guerrillas, narcotraficantes y por parte del mismo Estado.

Aún con ejemplos muy valiosos de participación como el “presupuesto participativo” en Medellín que empezó a implementarse desde el 2004 tomando como ejemplo la experiencia de Porto Alegre, Brasil. O también, la adopción del método conocido como Investigación Acción Participativa (IAP) desarrollado en Colombia por un grupo de investigadores sociales bajo la coordinación del sociólogo e investigador Orlando Fals Borda (1925-2008) y hoy implementado en numerosos proyectos. La participación entra en pugna con el conflicto político, social y armado, que se acompaña además, de prácticas políticas corruptas, violaciones a los derechos humanos y una concentración de la tierra, la riqueza y el poder que hacen que la sociedad civil organizada esté desprotegida en ambiente de conflicto y prefiera mantener un bajo perfil para no llamar la atención de los violentos para proteger sus vidas y las de sus familias.

Los habitantes de las ciudades no necesariamente son ciudadanos, sino ocupantes de zonas urbanizadas en su mayoría, que no tienen funciones reales en la ciudad, tienen funciones en cuanto individuos. Continúan los arraigos en la tradición, pero de manera diferente y mestiza, quizá para defenderse contra un mundo incomprendido y la mayoría permanece al margen de lo político y se enraíza en localismos o ámbitos muy reducidos como la familia, los amigos y los vecinos en algunos casos, por otro lado, se genera un temor silenciado, tras el control que se hace de la población, sea este legal o no, para que acepten las decisiones de autoridad en aras de garantizar seguridad y protección. (El discurso que intenta superponer tanto el discurso gobiernista como los actores ilegales, sobre la premura de las prioridades de la población)

Este panorama de Exclusión social, sumado a la insatisfacción de las necesidades básicas humanas dificulta los procesos participativos puesto que el Estado se muestra incapaz de generar mecanismos de inclusión y además de responder a las demandas fundamentales de los grupos sociales.

En este contexto tan heterogéneo donde se entrecruzan tantas lógicas y pautas de acción entre los diferentes grupos sociales e individuos, ¿cómo organizar la participación en un país como Colombia?.

Hay una permanente tensión entre los discursos del respeto a los Derechos humanos  y la realidad de Colombia.  Nuevas reflexiones deben construirse no sólo sobre un orden justo y bueno, sustentado en discursos éticos, sino también sobre los órdenes y poderes de hecho constituidos por sujetos, saberes, relaciones, normas, procedimientos y representaciones colectivas. Es decir, la dicotómica relación: participación vs. exclusión.