Colombia, mi país, cuyo sistema político ha mantenido una continuidad institucional, una fuerte tradición jurídica y civilista de carácter liberal / republicano y una historia electoral sin rupturas; es al mismo tiempo un país que padece un conflicto político, social y armado del que se derivan problemáticas como la pobreza, el desempleo, la informalidad, la violencia intrafamiliar, social, la inseguridad ciudadana y rural, y las amenazas perpetuadas por grupos paramilitares, guerrillas, narcotraficantes y por parte del mismo Estado.
Aún con ejemplos muy valiosos de participación como el “presupuesto participativo” en Medellín que empezó a implementarse desde el 2004 tomando como ejemplo la experiencia de Porto Alegre, Brasil. O también, la adopción del método conocido como Investigación Acción Participativa (IAP) desarrollado en Colombia por un grupo de investigadores sociales bajo la coordinación del sociólogo e investigador Orlando Fals Borda (1925-2008) y hoy implementado en numerosos proyectos. La participación entra en pugna con el conflicto político, social y armado, que se acompaña además, de prácticas políticas corruptas, violaciones a los derechos humanos y una concentración de la tierra, la riqueza y el poder que hacen que la sociedad civil organizada esté desprotegida en ambiente de conflicto y prefiera mantener un bajo perfil para no llamar la atención de los violentos para proteger sus vidas y las de sus familias.
Los habitantes de las ciudades no necesariamente son ciudadanos, sino ocupantes de zonas urbanizadas en su mayoría, que no tienen funciones reales en la ciudad, tienen funciones en cuanto individuos. Continúan los arraigos en la tradición, pero de manera diferente y mestiza, quizá para defenderse contra un mundo incomprendido y la mayoría permanece al margen de lo político y se enraíza en localismos o ámbitos muy reducidos como la familia, los amigos y los vecinos en algunos casos, por otro lado, se genera un temor silenciado, tras el control que se hace de la población, sea este legal o no, para que acepten las decisiones de autoridad en aras de garantizar seguridad y protección. (El discurso que intenta superponer tanto el discurso gobiernista como los actores ilegales, sobre la premura de las prioridades de la población)
Este panorama de Exclusión social, sumado a la insatisfacción de las necesidades básicas humanas dificulta los procesos participativos puesto que el Estado se muestra incapaz de generar mecanismos de inclusión y además de responder a las demandas fundamentales de los grupos sociales.
En este contexto tan heterogéneo donde se entrecruzan tantas lógicas y pautas de acción entre los diferentes grupos sociales e individuos, ¿cómo organizar la participación en un país como Colombia?.
Hay una permanente tensión entre los discursos del respeto a los Derechos humanos y la realidad de Colombia. Nuevas reflexiones deben construirse no sólo sobre un orden justo y bueno, sustentado en discursos éticos, sino también sobre los órdenes y poderes de hecho constituidos por sujetos, saberes, relaciones, normas, procedimientos y representaciones colectivas. Es decir, la dicotómica relación: participación vs. exclusión.
